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Apelaciones y Recursos Administrativos

El derecho administrativo israelí otorga a las autoridades del Estado - principalmente al Ministerio del Interior y a la Autoridad de Población e Inmigración - amplias facultades para decidir sobre la entrada, estancia y estatus de extranjeros en Israel.

Sin embargo, junto a estas atribuciones existe también un sistema de control judicial que permite a ciudadanos, residentes y extranjeros impugnar las decisiones administrativas que les afectan.

Esta revisión se ejerce mediante apelaciones y recursos administrativos, y en algunos casos, directamente ante el Tribunal Supremo (Bagatz).


Apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Inmigración

El Tribunal de Apelaciones de Inmigración fue creado por una enmienda a la Ley de Entrada a Israel y constituye una instancia judicial especializada en asuntos de derecho migratorio.

Su función principal es examinar las decisiones de la Autoridad de Población, incluyendo:
•    Rechazos de solicitudes de visa o estatus.
•    Revocaciones de permisos existentes.
•    Órdenes de deportación o expulsión.
El procedimiento ante este tribunal suele ser rápido y flexible.

Las partes pueden presentar alegatos escritos, documentos de respaldo y nuevas pruebas que no se hayan presentado previamente ante el Ministerio del Interior.

El tribunal está obligado a aplicar los principios del derecho administrativo: razonabilidad, igualdad, ausencia de arbitrariedad y deber de motivación.

En numerosas ocasiones, el tribunal ha anulado decisiones del Ministerio del Interior al determinar que fueron adoptadas sin una revisión adecuada o con criterios irrazonables.


Recurso administrativo ante el Tribunal de Distrito

Cuando una apelación es rechazada, o cuando la decisión es de naturaleza fundamental o de gran impacto, se puede presentar un recurso administrativo ante el Tribunal de Distrito, en su función de Tribunal de Asuntos Administrativos.

Este tribunal tiene amplia jurisdicción para revisar la legalidad de las decisiones administrativas, su conformidad con los principios del derecho administrativo y su compatibilidad con los derechos humanos fundamentales.

La jurisprudencia ha establecido que la autoridad del Ministerio del Interior no es ilimitada, y que su ejercicio debe ajustarse a los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

Por ejemplo, se ha determinado que negar una visa únicamente por motivos técnicos, sin evaluar las circunstancias personales del solicitante, constituye un exceso de poder y una causa válida para anular la decisión.


El Tribunal Supremo (Bagatz) como última instancia

En los casos que plantean cuestiones de principio o interés público significativo, se puede presentar una petición directa ante el Tribunal Supremo (Bagatz).

El Tribunal Supremo, en su función como Alta Corte de Justicia, ha tratado numerosos asuntos relacionados con inmigración, asilo político y regularización de estatus, y sus decisiones han dado forma a la política migratoria israelí contemporánea.


Importancia de la representación legal

Las apelaciones y los recursos administrativos no son simples procedimientos técnicos:
requieren una combinación de conocimiento jurídico profundo y estrategia procesal precisa.

El abogado especializado debe:
•    Analizar la decisión administrativa y determinar si fue adoptada sin autoridad legal, sin razonabilidad o con violación de derechos fundamentales.
•    Presentar una base fáctica sólida, respaldada por documentos, testimonios y pruebas externas.
•    Fundamentar el recurso en jurisprudencia y normativa vigente.
•    Conducir el proceso de forma estructurada, clara y profesional ante las distintas instancias judiciales.


El despacho del abogado Marco M. Chiguala cuenta con amplia experiencia en la gestión de apelaciones y recursos administrativos en el ámbito del derecho migratorio.
La combinación de experiencia práctica ante el Tribunal de Apelaciones de Inmigración, los Tribunales Administrativos y el Tribunal Supremo (Bagatz), junto con un conocimiento profundo del derecho administrativo israelí, permite al despacho ofrecer una representación efectiva, profesional y sólida para proteger los derechos de sus clientes.


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