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Expulsión y Deportación de Israel

La política migratoria de Israel establece que toda persona que permanezca en el país sin una visa válida o en violación de la ley está sujeta a procedimientos de expulsión o deportación.

Esta facultad pertenece a la Autoridad de Población e Inmigración y se considera una de las medidas más severas del Estado, ya que priva a la persona de su libertad y la separa de su centro de vida en Israel.


Aspecto jurídico

La base legal de los procedimientos de expulsión se encuentra en la Ley de Entrada a Israel (1952) y en la Ley de Trabajadores Extranjeros (1991).

La autoridad competente puede emitir órdenes de deportación, disponer la detención administrativa y ejecutar la expulsión del país con el apoyo de las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, el derecho administrativo exige que el uso de este poder cumpla con los principios de razonabilidad, proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales.

Los tribunales israelíes han reiterado en numerosas ocasiones que no se trata de una “mera formalidad”, sino de un procedimiento que afecta derechos constitucionales, y por lo tanto debe incluir el derecho de audiencia y estar sujeto a revisión judicial.

En la práctica, el proceso de deportación puede realizarse en un plazo muy corto —en algunos casos, en cuestión de días o incluso horas desde que se toma la decisión.

Esto significa que cualquier demora en solicitar asistencia legal puede resultar en la ejecución inmediata de la expulsión, incluso si la decisión es claramente irrazonable.


Casos frecuentes

•    Trabajadores extranjeros que permanecen en Israel después de la expiración de su visa.
•    Solicitantes de asilo cuya petición ha sido rechazada y deben abandonar el país.
•    Turistas que ingresaron a Israel y fueron encontrados trabajando sin permiso.
•    Personas cuya visa fue revocada por incumplir las condiciones de empleo o por sospecha de delitos.


Importancia de la representación legal

El abogado especializado en derecho migratorio debe actuar con rapidez y precisión, con un conocimiento profundo de los procedimientos administrativos y la jurisprudencia aplicable.
La intervención legal puede incluir:
•    Solicitud de suspensión de la orden de deportación.
•    Petición a la Autoridad de Población para reexaminar la decisión.
•    Apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Inmigración.
•    Recurso administrativo ante el Tribunal de Distrito, en su función de Tribunal de Asuntos Administrativos.
•    En casos excepcionales, recurso al Tribunal Supremo (Bagatz), especialmente cuando se plantean cuestiones de derechos humanos o constitucionales.


Representación profesional del despacho

El despacho del abogado Marco M. Chiguala ofrece asistencia inmediata y efectiva en procedimientos de expulsión y deportación de Israel.

Gracias a su amplia experiencia ante la Autoridad de Población e Inmigración y los tribunales israelíes, el despacho proporciona una representación profesional, estratégica y humana, orientada a proteger los derechos de los solicitantes y explorar todas las vías legales para permitir su permanencia en el país.


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